La situación en la República Dominicana ha alcanzado un punto crítico con la reciente represión de ciudadanos en la comunidad de Friusa, Bávaro. El gobierno, en lugar de proteger a su pueblo, ha optado por someterlo con medidas autoritarias, reprimiendo violentamente a quienes exigen el cumplimiento de las leyes migratorias del país.

El operativo llevado a cabo por la Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 253 extranjeros en situación irregular, en su mayoría haitianos. Sin embargo, la indignación nacional no radica en la aplicación de la ley migratoria, sino en la brutalidad con la que las autoridades han respondido a los ciudadanos dominicanos que reclamaban orden y soberanía. Testigos denuncian que los manifestantes fueron agredidos, amenazados y dispersados por la fuerza, dejando claro que el gobierno está más interesado en defender intereses ajenos que en escuchar las voces de su pueblo.

El presidente Luis Abinader, quien en el pasado se ha mostrado firme en el discurso de la defensa de la soberanía, parece ahora plegarse a presiones internacionales y a una agenda prohaitiana que pone en riesgo la estabilidad nacional. La estrategia del gobierno de aumentar las deportaciones de inmigrantes irregulares no se alinea con su accionar en Friusa, donde los ciudadanos dominicanos fueron tratados como delincuentes simplemente por exigir que se respeten las leyes del país.

Las imágenes y testimonios de los hechos han generado una ola de rechazo en diversos sectores de la sociedad. Grupos patrióticos y ciudadanos indignados han calificado la actuación del gobierno como una traición, denunciando que la represión responde a presiones de organismos internacionales que buscan debilitar la soberanía dominicana.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han criticado las deportaciones masivas y las condiciones en las que se llevan a cabo, argumentando que muchas de estas expulsiones han sido arbitrarias y que no se han respetado los derechos de los migrantes. Esto ha colocado a la República Dominicana en el centro de un debate internacional, donde la presión externa parece influir en la toma de decisiones del gobierno.

La indignación crece entre la población, que se pregunta si el gobierno realmente está del lado del pueblo o si ha sido tomado por intereses ajenos que buscan transformar la identidad y soberanía del país. La historia juzgará a quienes, con su inacción o represión, han traicionado el sentir de la nación.